Chiapas en Contacto
TUXTLA GUTIÉRREZ, 28 de octubre de 2026./Chiapas en Contacto.- A través de su cuenta en redes sociales, Oswaldo Chacón Rojas, Rector de la Universidad Autónomo de Chiapas (UNACH), describe su percepción personal producto de una entrevista periodística realizada la mañana de este martes, en relación al tema que él mismo precisa.
“Hace un momento me abordaron algunos compañeros de los medios de comunicación, quienes preguntaron mi opinión en relación a algunas notas en redes sociales que en las últimas horas aluden a mi persona. Aquí un recuento de lo comentado:
1.- Las notas son producto del periodismo de investigación, del cual soy un firme creyente y promotor. Cumple una función indispensable en toda democracia porque fiscaliza al poder, descubre posibles abusos y exige cuentas a quienes ejercemos responsabilidades públicas. Desde mi posición en la universidad lo promovemos formando a los nuevos profesionales de los medios de comunicación en esa perspectiva, el periodismo como una herramienta para fortalecer la vida democrática, el pensamiento crítico y el derecho de la sociedad a estar informada.
2.- Es natural que ante la gravedad del escándalo que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE), por señalamientos de posibles irregularidades en contrataciones, se generen preguntas sobre operaciones realizadas también en los organismos electorales locales, incluido el IEPC de Chiapas, que presidí entre 2016 y 2023. Es legítimo preguntar, investigar y revisar.
3.- Las publicaciones sobre las investigaciones relacionadas con proveedores de materiales electorales merecen atención y respuestas sustentadas en información verificable. Por ello, ante los señalamientos sobre las licitaciones de 2018 y 2021, es importante precisar algunos hechos.
a) Los contratos nunca han estado ocultos. Siempre han estado a disposición del escrutinio público en el portal de la institución.
b) Las adquisiciones las llevó a cabo el comite de adquisiciones mediante licitaciones públicas nacionales, con convocatorias difundidas en la página institucional y en medios de circulación nacional. Las bases, las actas, los fallos y los contratos forman parte de expedientes públicos, disponibles para su consulta. No estamos ante operaciones clandestinas ni ante documentos que hayan aparecido por una revelación reciente. Los procedimientos y sus decisiones quedaron documentados y pueden examinarse.
c) Las sesiones del comité fueron públicas y se llevaron a cabo en presencia del órgano interno de control.
d) Las empresas cuestionadas resultaron ganadoras en diversos procesos electorales, no solamente en esos años, sino en diversos procesos en los últimos treinta años, por la simple y sencilla razón que los institutos electorales del país han tenido que recurrir a un mercado altamente concentrado, en el que dos grandes proveedores han tenido una presencia recurrente en distintas entidades y procesos. Las denuncias por posibles prácticas monopólicas son asuntos que merecen mayor atención por parte de las autoridades competentes.
e) La participación reiterada de determinadas empresas en contratos electorales no prueba, por sí misma, que cada institución que las contrató haya incurrido en una conducta ilegal. Es necesario examinar cada procedimiento, sus condiciones y sus evidencias.
f) La trama nacional que hoy día sacude al país refiere a un contubernio entre funcionarios del INE y empresarios para tratar de influir en las decisiones de adjudicaciones de contratos en algunos Oples. Ese grupo no existía en los procesos acá aludidos, y como se ha demostrado, el Comité actuó con absoluta libertad y transparencia.
g) En la licitación de 2018, dos empresas presentaron propuestas y ambas cumplieron los requisitos técnicos, legales y financieros. El Comité comparó las ofertas y consideró precios de otros organismos electorales locales. Tras el estudio de mercado que obra en el expediente, adjudicó el contrato a la empresa que ofrecía las mejores condiciones económicas y de servicio. La decisión quedó asentada en el fallo correspondiente.
h) En 2021, una de las dos empresas presentó inconsistencias en su proyecto técnico, en consecuencia su propuesta fue desechada, por lo que el Comité conforme a lo establecido en la normatividad no procedió a la apertura de su propuesta económica.
i) Respecto a la diferencia de costos en 2018 y 2021, hay que señalar que el procedimiento de 2021 incluía más actividades, la producción de materiales para la jornada electoral y simulacros, además de actividades de traslado y empaque de materiales que el Instituto ya tenía bajo resguardo.
j) Ambos procedimientos fueron revisados por el órgano de control interno, y auditados por la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Nacional Electoral. Tras cuatro auditorías, en ningún caso se encontraron hallazgos o se emitieron observaciones.
k) Las sospechas sobre proveedores no sustituyen las pruebas que en cada proceso de contratación deben revisarse.
Mi compromiso es absoluto y total con el escrutinio público, la investigación periodística y la revisión de los expedientes de actos administrativos. La transparencia y la rendición de cuentas no deben temer a las preguntas; deben responderlas con pruebas y argumentos. Durante más de 20 años he desempeñado responsabilidades en el servicio público de Chiapas, y he procurado que la transparencia y la rendición de cuentas sean principios permanentes de mi actuación. Probablemente sea el servidor público en la entidad más auditado en las últimas dos décadas. No solo hemos hecho públicas nuestras declaraciones patrimoniales, también hemos presentado la declaración 3 de 3, incorporando información sobre intereses y situación fiscal, como una expresión concreta de compromiso con la transparencia. Soy un convencido que la confianza pública no se construye con afirmaciones personales, sino con decisiones verificables y una conducta permanentemente abierta al escrutinio”.
